El Gobierno argentino ha oficializado la eliminación de la participación directa de la Secretaría de Educación en las negociaciones salariales docentes a nivel nacional. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 341/2025, transfiere la responsabilidad de las paritarias al Consejo Federal de Educación y a los gremios docentes con representación nacional. Este cambio implica una modificación en la Ley de Financiamiento Educativo, que desde 2006 establecía la intervención del Estado nacional en estas negociaciones.

Según el decreto, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano ya no formará parte de la mesa de negociaciones, aunque podrá intervenir en caso de objeciones presupuestarias. "La Secretaría podrá refrendar el convenio o requerir que se realice una nueva propuesta cuando, por razones presupuestarias, no fuera posible su implementación", señala el texto oficial.

El Gobierno justificó la medida como parte de sus políticas de desregulación estatal y optimización del gasto público. "Se busca reducir la intervención estatal y maximizar la eficacia en la gestión pública, priorizando la eliminación de funciones redundantes", argumentaron las autoridades. Además, destacaron que la transferencia de servicios educativos a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convierte a estas jurisdicciones en las empleadoras naturales de los docentes, lo que justifica su protagonismo en las negociaciones.

Sin embargo, la decisión ha generado críticas por parte de los gremios docentes. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) calificó la medida como un retroceso en derechos laborales y anunció que recurrirá a instancias judiciales para revertirla. "Seguiremos trabajando con los sindicatos docentes para buscar una salida a las grandes necesidades que tiene el sistema educativo", declaró Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT.

El contexto económico también ha influido en la medida. En febrero de 2025, el Gobierno aumentó el salario mínimo docente a $500 mil mensuales, pero los gremios consideran que esta cifra sigue siendo insuficiente. Además, han solicitado la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un incremento en el presupuesto educativo.

Analistas advierten que la eliminación de la participación estatal podría complicar las negociaciones salariales, especialmente en un contexto de alta inflación y restricciones presupuestarias. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la medida fortalecerá el carácter federal del sistema educativo y permitirá una asignación más eficiente de los recursos públicos.