El Gobierno argentino homologó el acuerdo paritario para los empleados de comercio, el sector más numeroso del país, tras meses de negociaciones y demoras administrativas. La validación oficial, concretada en agosto de 2025, permite la aplicación de aumentos salariales escalonados y sumas fijas mensuales, impactando a más de un millón de trabajadores bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

El acuerdo, negociado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales CAC, CAME y UDECA, establece un incremento salarial del 6% entre julio y diciembre, distribuido en subas no acumulativas del 1% mensual. Además, contempla una asignación fija de $40.000 mensuales para todas las categorías, que desde agosto se incorpora como remunerativa, afectando el cálculo de adicionales y aportes sindicales.

La homologación oficial era un paso clave para que las empresas procedieran con la liquidación de sueldos según las nuevas escalas. En algunos casos, los empleadores esperaron la confirmación administrativa para aplicar los aumentos, lo que generó pagos retroactivos en los recibos de sueldo. En otros, las empresas adelantaron los incrementos a cuenta de la homologación.

El acuerdo incluye una cláusula de revisión en noviembre, destinada a evaluar el contexto inflacionario y la evolución del poder adquisitivo. El Ministerio de Capital Humano destacó "la vocación de diálogo de las partes involucradas" y reafirmó su compromiso de fortalecer el desarrollo comercial y el bienestar general. Armando Cavalieri, secretario general de FAECYS, señaló: “Este acuerdo representa una señal de continuidad y compromiso en el diálogo entre gremio y empresas. Apostamos a la estabilidad del ingreso, pero también al monitoreo permanente del contexto para actuar con responsabilidad”.

Sin embargo, sectores sindicales y medios críticos advierten que los aumentos pactados quedan por debajo de la inflación acumulada, perpetuando "salarios de miseria" y favoreciendo a las patronales. La política restrictiva de aumentos, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, prioriza el control inflacionario y limita la recomposición salarial. La paritaria de comercio, por su alcance, suele ser utilizada como referencia para otros sectores laborales, por lo que su homologación tiene implicancias más allá del sector.

Se espera que la cláusula de revisión en noviembre sea determinante para ajustar el acuerdo ante la evolución de la economía y la inflación, en un contexto de persistente tensión entre gremios, empresas y Estado.