El Gobierno argentino ha intensificado su plan de ajuste en Trenes Argentinos, con el objetivo de reducir costos y preparar la empresa para una eventual privatización. En el último año, se han eliminado 1.897 puestos de trabajo, y se proyecta una reducción adicional de 1.937 empleos en los próximos meses. Según la Secretaría de Transporte, estas medidas buscan sanear las cuentas de la empresa y atraer capital privado para concesionar algunos de sus servicios.

Trenes Argentinos, que opera la mayoría de las líneas urbanas y de larga distancia del país, ha implementado una serie de recortes que incluyen la eliminación de 277 cargos jerárquicos, representando un 32% de su estructura organizativa. Además, se han reducido horas extras, contratos con proveedores y la flota de vehículos, logrando un ahorro total de $60.000 millones en el último año.

A pesar de estos esfuerzos, la empresa sigue enfrentando un déficit operativo significativo, estimado en $750.000 millones en 2024. Este déficit, junto con la dependencia de transferencias corrientes del Gobierno, que alcanzaron $829.721 millones el año pasado, plantea desafíos para su privatización. "Es importante destacar que se seguirá realizando el recorte necesario para sanear la empresa, por lo que se proyecta que en los próximos meses la dotación del personal no exceda los 20.000 empleados", señaló un comunicado oficial.

El plan de privatización incluye la concesión parcial de algunos servicios ferroviarios al sector privado. Sin embargo, la magnitud del déficit y la resistencia social podrían complicar este proceso. Sectores opositores y sindicatos han criticado los despidos y la posible pérdida de control estatal sobre un servicio esencial.

En paralelo, el Gobierno ha invertido en la modernización de la infraestructura ferroviaria, como parte de la emergencia ferroviaria declarada tras un accidente en Palermo. Estas mejoras incluyen la renovación de vías y la implementación de sistemas de frenado automático.

El ajuste en Trenes Argentinos forma parte de un plan más amplio del Gobierno para reducir el déficit fiscal y privatizar empresas públicas. Aunque las autoridades aseguran que la transición será gradual y ordenada, el futuro de la empresa y su impacto en los usuarios y empleados sigue siendo incierto.