El jefe de la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia, José Leonardo Fernández, fue suspendido preventivamente de su cargo por 60 días en el marco de una investigación judicial por presuntos beneficios irregulares otorgados a internos. La medida fue adoptada tras una serie de seis allanamientos realizados tanto en el establecimiento carcelario como en domicilios vinculados al funcionario, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación relevante para la causa.

La investigación, iniciada a fines de abril por el Ministerio Público Fiscal, surgió a partir de denuncias sobre posibles irregularidades en el funcionamiento interno de la Alcaidía. Según explicó el fiscal Cristian Olazábal, las pesquisas apuntan a delitos de cohecho y posible enriquecimiento ilícito, aunque la calificación definitiva dependerá del avance de la causa. "Varias de las sospechas que nosotros teníamos fueron comprobadas hoy a partir de la recolección de evidencias", afirmó Olazábal, quien detalló que entre los elementos secuestrados figuran teléfonos celulares y computadoras que serán sometidos a peritajes.

Entre los internos presuntamente beneficiados se encuentra Nadir Vera, detenido por un doble homicidio, quien habría accedido a privilegios como electrodomésticos, teléfonos celulares y visitas sin control. Las autoridades investigan si existió una connivencia entre personal policial y detenidos para la obtención de estos beneficios al margen de la normativa vigente.

Como consecuencia de los procedimientos, la Jefatura de Policía dispuso el pase a disponibilidad preventiva de Fernández y el traslado del segundo jefe de la dependencia. La conducción de la Alcaidía quedó a cargo del comisario inspector Diego Rumbling, acompañado por el oficial principal Maximiliano Ruiz Díaz. El director de Seguridad de la Policía del Chubut, Omar Delgado, destacó que el objetivo inmediato es restablecer el orden interno y revisar la presencia de elementos no autorizados dentro de los pabellones.

El subsecretario de Justicia de Chubut, Rodrigo Miquelarena, valoró la rapidez de la intervención y subrayó que la investigación fue impulsada por la propia fuerza policial como parte de un proceso de autodepuración institucional. "Es muy importante destacar que nuestra Policía se autodepura. Cuando hay un policía que presuntamente debería estar dando garantías y resguardando y no lo hace, la misma fuerza es quien lo aparta y después continúa la Justicia", señaló el funcionario.

La causa continúa bajo estricta reserva y no se descarta que surjan nuevas responsabilidades a medida que avance el análisis de la evidencia. El caso ha generado preocupación en la comunidad local y reabre el debate sobre los mecanismos de control y transparencia en las instituciones de seguridad de la provincia.