La reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei avanza en el Congreso argentino en medio de un clima de alta tensión política y social. Tras obtener media sanción en el Senado, el proyecto será debatido en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo busca asegurar el quórum necesario para su aprobación antes de fin de mes.

Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 44, que modifica el régimen de licencias médicas y ha generado críticas tanto en la oposición como en sectores aliados. Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista en el Senado, reconoció que "se cometió un error" al no diferenciar entre enfermedades severas y leves, y aseguró que el texto será corregido en Diputados para garantizar que los trabajadores con enfermedades graves mantengan el cobro íntegro de sus haberes.

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un paro nacional de 24 horas el día en que se trate la reforma en Diputados, sumándose a otras organizaciones sindicales y sociales que preparan movilizaciones frente al Congreso. "Están dadas las condiciones para una medida de fuerza", afirmó Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT.

El sector empresarial y economistas consideran que la reforma es un paso necesario para modernizar el mercado laboral, aunque advierten que su impacto será limitado sin una reactivación económica. "Por sí misma no va a generar más empleo, pero es una ley necesaria para cuando se den las condiciones", señaló Salvador Femenia, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa.

El debate se desarrolla en un contexto de tensiones políticas internas, con la vicepresidenta Victoria Villarruel enfrentada a sectores del oficialismo, y la expectativa de que la ley, de ser aprobada, enfrente una rápida judicialización por parte de gremios y jueces laborales. El gobierno, por su parte, se muestra confiado en lograr la aprobación y preparado para los desafíos legales que puedan surgir.

La reforma laboral se inscribe en un proceso más amplio de transformación impulsado por la administración Milei, que busca reducir el protagonismo sindical y flexibilizar la economía argentina. Sin embargo, la falta de crecimiento económico y la persistencia de la inflación plantean interrogantes sobre el alcance real de los cambios propuestos.