Pablo Cuchán, condenado por el asesinato de Luciana Moretti en 2004, recuperó su libertad tras un fallo del Juzgado en lo Correccional N°1 de Bahía Blanca, que declaró prescriptas las causas por lesiones y amenazas contra sus exparejas. El juez Gabriel Giuliani ordenó la inmediata excarcelación de Cuchán, quien cumplía una condena de tres años en la Unidad Penal N°19 de Saavedra desde febrero de 2024. La defensa, a cargo de Maximiliano De Mira, argumentó que los delitos atribuidos no superaban los dos años de pena cada uno y que el plazo legal ya había expirado sin que el fallo quedara firme. A pesar de la oposición de la fiscalía, el magistrado resolvió la liberación, mientras la Suprema Corte bonaerense aún no se expidió sobre los recursos extraordinarios presentados.

El caso de Cuchán es recordado por el brutal asesinato de Luciana Moretti, de 15 años, a quien descuartizó y quemó en una parrilla en Ingeniero White, Bahía Blanca, en 2004. Por ese crimen, fue condenado inicialmente a 18 años de prisión, pena luego reducida a 17 años. En 2016 obtuvo la libertad condicional, pero reincidió en hechos de violencia de género, lo que motivó nuevas denuncias y su reingreso a prisión en 2019 y 2023.

En paralelo a su liberación, la Justicia Civil de Bahía Blanca condenó recientemente a Cuchán a pagar una indemnización de $276.889.000 a la familia de Moretti por daño moral, psíquico y material, aunque la sentencia aún no está firme y podría ser apelada. El caso ha generado fuerte repercusión social y reavivó el debate sobre la reincidencia penal y la respuesta judicial ante la violencia de género. Organizaciones sociales y familiares de la víctima manifestaron su indignación por la decisión judicial, mientras la defensa de Cuchán sostiene que se cumplieron los plazos legales establecidos.

El crimen de Luciana Moretti ocurrió antes de la incorporación del femicidio al Código Penal argentino en 2012, lo que marcó un antecedente en la discusión sobre la tipificación y sanción de la violencia de género en el país. La liberación de Cuchán vuelve a poner en agenda la necesidad de reformas legales y mayor protección para las víctimas.