El Gobierno de Entre Ríos resolvió la cesantía de una enfermera del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, tras concluir un sumario administrativo iniciado en 2024. La medida fue oficializada mediante un decreto firmado el 10 de febrero de 2026, en el que se detallan las razones de la sanción: la agente incurrió en once inasistencias injustificadas entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023.

La decisión se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 71 inciso a de la Ley 9755, que regula el empleo público en la provincia, y el artículo 57 de la Ley Nº 10.930, que rige la carrera de enfermería. El decreto también dispuso la intervención de la Fiscalía de Estado para promover la acción judicial de exclusión de tutela sindical, ya que la agente sancionada se desempeñaba como delegada gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Paraná.

Según la legislación vigente, la exclusión de la tutela sindical es necesaria para hacer efectiva la sanción administrativa a representantes gremiales, conforme a lo establecido por la Ley de Asociaciones Sindicales Nº 23.551. El caso pone de relieve la aplicación de normas disciplinarias en el ámbito de la salud pública y la relación con la representación sindical.

Hasta el momento, no se registran declaraciones públicas de la agente cesanteada ni de ATE respecto a la medida. La resolución podría generar debate sobre los derechos sindicales y las sanciones disciplinarias en el sector público, en un contexto donde la transparencia y el cumplimiento de la normativa son aspectos centrales para la administración provincial.