Una mujer de 50 años fue rescatada en la localidad cordobesa de Despeñaderos tras haber permanecido encerrada y sometida a condiciones de servidumbre y abandono extremo durante aproximadamente 20 años. El caso salió a la luz gracias a una denuncia anónima presentada en el Polo de la Mujer, que alertó a la Justicia sobre la situación de vulnerabilidad de la víctima.

La investigación, a cargo del fiscal Alejandro Peralta Otonello, reveló que la mujer vivía con su esposo y sus hijos, quienes presuntamente la sometieron a golpes y le proporcionaban alimento de manera esporádica. Al momento del rescate, la víctima presentaba un grave cuadro de desnutrición y alteraciones psiquiátricas, con un aspecto físico que, según el fiscal, correspondía al de una persona de 80 años. Un detalle que evidencia el estado de abandono fue la necesidad de utilizar una amoladora para cortarle las uñas de los pies.

Por el hecho, el esposo y una de las hijas mayores fueron detenidos, mientras que otros tres hijos fueron imputados pero permanecen en libertad. La Justicia dispuso la exclusión del hogar y la prohibición de contacto para los principales acusados, mientras la investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno y el tiempo exacto que la víctima estuvo sometida.

La mujer permanece internada en el hospital Arturo Illia de Alta Gracia, donde recibe atención médica interdisciplinaria. Su estado de salud es tan delicado que aún no ha sido posible tomarle declaración. La hija menor, de 11 años, también está siendo asistida por profesionales de la salud mental.

Vecinos de la zona manifestaron su sorpresa y consternación, ya que hacía más de una década que no veían a la mujer y muchos pensaban que había fallecido. "El hombre iba a trabajar, los hijos llevaban una vida normal", relató un vecino, mientras que otros se preguntan cómo pudo mantenerse esta situación durante tanto tiempo sin ser detectada.

El caso está caratulado como abandono de persona agravado y reducción a la servidumbre, delitos que contemplan penas severas en el Código Penal argentino. Las autoridades no descartan nuevas imputaciones conforme avance la investigación, que ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de detección y prevención de la violencia familiar en la comunidad.