El gobierno de Javier Milei atraviesa su mayor crisis política desde el inicio de su mandato, tras la difusión de audios que involucran a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en un presunto esquema de coimas y corrupción. Los audios, que circulan desde hace más de diez días, revelan conversaciones en las que Spagnuolo detalla pagos irregulares y menciona vínculos con Karina Milei y los Menem, figuras centrales del oficialismo.

La filtración de estos materiales generó un estado de shock y parálisis en la Casa Rosada. "Nadie toma decisiones, el Gobierno y la campaña está a la deriva", confesó un legislador libertario. La crisis interna se profundizó con la ruptura entre Karina Milei y Santiago Caputo, trasladando el control político a Martín y Lule Menem, quienes ahora enfrentan investigaciones por contratos sospechosos y presuntas defraudaciones en organismos estatales.

El escándalo se agravó con la auditoría oficial y la intervención judicial, que detectaron sobreprecios y un aumento exponencial de contratos con la droguería Suizo Argentina. La justicia incautó documentación clave y avanza en la investigación de facturaciones irregulares. Mientras tanto, la imagen pública del gobierno sufrió una caída significativa, con una baja de cinco puntos según encuestas internas.

En el Congreso, la oposición aprovecha la debilidad del oficialismo para impulsar comisiones investigadoras y buscar la interpelación de funcionarios involucrados. El clima político se torna cada vez más adverso para Milei, quien enfrenta dificultades para mantener su agenda y sancionar leyes clave, como el presupuesto y la "Ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria".

El caso ANDIS se suma a otros episodios recientes, como el escándalo por fentanilo adulterado y contratos en dependencias estatales, que han puesto en tela de juicio la promesa de Milei de terminar con la corrupción. En redes sociales y espacios públicos, el malestar social se manifiesta en memes, cánticos y protestas, mientras analistas advierten que el impacto del escándalo podría crecer hacia las elecciones de octubre, comprometiendo la gobernabilidad y la legitimidad institucional del gobierno libertario.

La Casa Rosada intenta articular una estrategia comunicacional y judicial para contener el daño, pero la falta de respuestas claras y la extensión de los sospechosos complican el panorama. El oficialismo atribuye la filtración a operaciones políticas, mientras la oposición insiste en la gravedad del caso y la necesidad de esclarecer los hechos. El desenlace de la crisis permanece abierto, con consecuencias que podrían marcar el futuro político del país.