El dolor de los padres de una víctima: “Le lavaron la cabeza, se la llevaron... hace 30 años que la esperamos”
🔍 Justicia confirma procesamiento de 17 miembros de la "secta del horror" en Buenos Aires. Acusados de trata, explotación sexual y lavado de dinero. Operaban desde los 90 bajo fachada filosófica. Avance judicial clave en lucha contra el abuso. #Seguridad #Justicia
La Justicia argentina ha confirmado el procesamiento de 17 integrantes de la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), conocida como la "secta del horror", por delitos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos. La organización, liderada por Juan Percowicz, operaba desde los años 90 bajo la fachada de una escuela filosófica, captando a personas vulnerables y sometiéndolas a explotación.
La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ratificó los cargos, destacando la magnitud de la evidencia recolectada, que incluye peritajes electrónicos, intervenciones telefónicas y documentos obtenidos en 50 allanamientos. Durante los operativos, se incautaron más de 1,5 millones de dólares, joyas y documentos que revelan un patrimonio estimado de 50 millones de dólares, con cuentas en Estados Unidos.
Según la investigación, las víctimas eran sedadas con psicofármacos en una clínica ilegal y explotadas sexualmente con personas de alto poder económico. La organización también utilizaba técnicas de manipulación psicológica para mantener el control sobre sus integrantes. Percowicz, de 86 años, es señalado como el principal responsable de esta red coercitiva.
El caso, que ya había sido investigado en los años 90 sin resultados concluyentes, ha generado un intenso debate sobre la regulación de organizaciones filosóficas y espirituales. Familiares de las víctimas expresaron alivio por el avance judicial, aunque el paradero de algunas personas sigue siendo desconocido.
El juez Ariel Lijo, a cargo de la causa, elevó el caso a juicio en 2023, pero enfrenta desafíos legales y apelaciones. Las autoridades judiciales subrayan la importancia de este proceso para combatir la trata de personas y el lavado de activos, mientras que las defensas cuestionan la validez de algunas pruebas.
Este caso emblemático pone de relieve la necesidad de un marco legal más robusto para proteger a las víctimas de organizaciones coercitivas y garantizar justicia en casos de explotación y abuso.
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