El gobierno de Santa Cruz puso en marcha una serie de operativos para garantizar el cumplimiento de la Ley 90/10, que establece que al menos el 90% de los puestos de trabajo en empresas mineras deben ser ocupados por residentes locales con al menos seis años de residencia comprobada. Los controles, encabezados por el gobernador Claudio Vidal y funcionarios provinciales, comenzaron en Caleta Olivia y se extenderán a toda la provincia, abarcando también sectores petroleros y obras públicas.

Durante los primeros días de operativos, las autoridades detectaron más de mil trabajadores provenientes de otras provincias, lo que puso en evidencia el histórico incumplimiento de la normativa laboral en el sector minero. "Durante muchos años la mano de obra local quedó relegada, mientras miles de trabajadores de otras provincias o del exterior se empleaban en nuestros recursos. Eso se terminó", afirmó el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena. El gobernador Vidal, por su parte, remarcó que la nueva ley busca evitar prácticas como la simulación de domicilio y fortalecer la economía local.

Sin embargo, la medida ha generado controversia. Juristas y sectores opositores advierten que la exigencia de residencia y el cupo del 90% podrían violar derechos constitucionales, como la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo y circulación. Además, recuerdan que la Corte Suprema ya declaró inconstitucionales leyes provinciales similares en el pasado. "Establecer una residencia obligatoria de seis años y un cupo del 90% puede considerarse una discriminación por domicilio o lugar de origen", señalaron especialistas consultados.

Críticos también cuestionan la viabilidad práctica de la ley, dado que históricamente no se ha logrado cumplir ni siquiera el esquema anterior del 70/30. Además, existe incertidumbre sobre el futuro laboral de los trabajadores foráneos detectados y sobre cómo se implementarán los controles en toda la cadena de valor minera.

El debate se da en un contexto de crecimiento de las exportaciones mineras en Santa Cruz, con cifras récord en septiembre y una economía local que depende en gran medida del sector. Mientras el gobierno sostiene que la medida es un paso hacia una provincia más justa y con igualdad de oportunidades, la oposición la considera una estrategia política de cara a las próximas elecciones y advierte sobre posibles conflictos legales y sociales. El desarrollo y la aplicación efectiva de la Ley 90/10 seguirán siendo motivo de atención y debate en la provincia en las próximas semanas.