Organizaciones sociales y piqueteras llevaron a cabo este martes una jornada nacional de protesta en Argentina, con movilizaciones y cortes en al menos 17 provincias. La principal concentración tuvo lugar en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, en Avellaneda, donde desde las 11 de la mañana se desplegó un importante operativo de seguridad para evitar el corte total del acceso a la Ciudad de Buenos Aires.

La protesta, convocada por el Frente de Lucha Piquetero, la UTEP y otras agrupaciones, exigió el aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo, la continuidad del monotributo social y la devolución inmediata de alimentos a los comedores populares. "Jornada nacional de lucha por el trabajo y el salario" fue la consigna central, en rechazo a las políticas económicas y sociales del gobierno de Javier Milei.

En Mar del Plata, la movilización comenzó en la Municipalidad y finalizó en la zona costera, replicando el reclamo en otros puntos del país como Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán y Neuquén. Los manifestantes denunciaron la pérdida de puestos de trabajo, la caída de salarios y el recorte de programas sociales, señalando que el Salario Social Complementario permanece congelado en $78.000, mientras que la canasta básica supera el $1.100.000 según datos del INDEC de abril de 2025.

Las organizaciones también reclamaron la restitución del monotributo social, que fue restringido tras la aprobación del último paquete fiscal, dejando a miles de beneficiarios sin cobertura. Además, denunciaron la interrupción en la entrega de alimentos a comedores barriales, una política que consideran fundamental para los sectores más vulnerables.

El gobierno nacional, por su parte, implementó un fuerte dispositivo de seguridad, especialmente en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del protocolo antipiquetes impulsado por el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires dicho protocolo no rige, lo que permitió la concentración en Avellaneda.

Los organizadores calificaron la situación social como "alarmante" y reclamaron una huelga general que unifique las luchas contra el ajuste y la represión. El conflicto social se mantiene en un contexto de creciente tensión, con acusaciones de "criminalización" de la protesta y demandas de respuestas urgentes a las necesidades básicas de la población.