El Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, mantuvo una reunión clave con el Procurador General interino, Eduardo Casal, y 19 fiscales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del fuero Penal Económico, en la sede de la Procuración General de la Nación. El encuentro, realizado en el auditorio de la calle Perón 667, tuvo como eje central la inminente implementación del sistema acusatorio en los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico, prevista para el próximo 10 de noviembre.

Durante la reunión, los fiscales expusieron una serie de reclamos ante el ministro de Justicia, entre los que destacaron la falta de nombramientos pendientes, la necesidad de incorporar y trasladar personal, la insuficiencia de espacio físico y la carencia de conectividad en los edificios judiciales. Además, señalaron que el déficit de cargos vacantes en el fuero penal económico supera el 60%, lo que dificulta el abordaje de la creciente cantidad y complejidad de expedientes. También se remarcó la escasez de personal técnico para peritajes y análisis de información, así como la importancia de que se concrete la autarquía financiera del Ministerio Público Fiscal.

El procurador Casal respaldó los planteos de los fiscales y recordó que la normativa de implementación del sistema acusatorio, sancionada en 2015, incluía un capítulo específico para el fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal, aspecto que aún no se ha materializado. Los fiscales advirtieron que el tiempo restante hasta el 10 de noviembre no es suficiente para realizar las adecuaciones necesarias y plantearon la posibilidad de solicitar una prórroga para el inicio de la implementación.

Al finalizar el encuentro, el ministro Cúneo Libarona se comprometió a extremar esfuerzos para remediar las falencias expuestas por los fiscales. La reunión se enmarca en un contexto de transición hacia el sistema acusatorio, que implica cambios sustanciales en la investigación y juzgamiento de delitos federales. Las autoridades y funcionarios presentes coincidieron en la necesidad de garantizar los recursos y condiciones adecuadas para una implementación efectiva, mientras se mantienen abiertas las negociaciones y el seguimiento de los compromisos asumidos.