El Gobierno argentino adjudicó la primera etapa de la Red Federal de Concesiones viales, marcando un cambio significativo en la gestión de rutas nacionales. A través de la Resolución 80/2025, la Secretaría de Transporte otorgó la explotación, administración y mantenimiento de 741 kilómetros de rutas estratégicas a empresas privadas, en lo que constituye la primera concesión de la era Milei. El nuevo esquema elimina los subsidios estatales y financia la gestión exclusivamente con peajes, buscando mayor eficiencia y mejoras en la infraestructura.

El Tramo Oriental, de 682 kilómetros, fue adjudicado a Autovía Construcciones y Servicios S.A., que presentó la oferta más baja de peaje: $3.563,45. Por su parte, el Tramo Conexión, que incluye el Puente Rosario-Victoria y suma 59,3 kilómetros, quedó en manos de un consorcio integrado por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A., con una tarifa de $3.385,80. Las empresas solo podrán aplicar los nuevos valores de peaje una vez que hayan cumplido con las obras de mejora exigidas, manteniéndose hasta entonces la tarifa vigente.

El Estado otorgará financiamiento del BICE por hasta $56.000 millones, equivalente al 70% de la inversión requerida en cada tramo. El corredor Mercosur, que conecta pasos fronterizos y puertos estratégicos, es considerado clave para el comercio regional y la integración con Brasil y Uruguay. Según fuentes oficiales, "las propuestas ganadoras resultan económicamente las más convenientes" y permitirán potenciar exportaciones y el desarrollo logístico.

En paralelo, el Gobierno lanzó la licitación para la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones, que contempla la privatización de otros 1.800 kilómetros de rutas nacionales, incluyendo el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur y el Tramo Pampa. El plan oficial prevé que la red concesionada supere los 9.000 kilómetros, representando el 20% de la red vial nacional y concentrando el 80% del tránsito.

El modelo anterior, gestionado por la empresa estatal Corredores Viales, dependía de subsidios públicos y presentaba déficit operativo. Con la privatización, la compañía será disuelta una vez adjudicados todos los caminos bajo su control. El Gobierno sostiene que el nuevo sistema permitirá mejoras reales en infraestructura, transitabilidad y seguridad vial, con controles estatales para garantizar el cumplimiento de los contratos y estándares de servicio. El proceso se enmarca en la Ley Bases y responde a la política de desestatización impulsada por la actual administración, que busca atraer inversiones y modernizar la red vial argentina.