El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó la metodología para la actualización de créditos en juicios laborales, en línea con la Ley de Modernización Laboral. La nueva herramienta digital, una calculadora online, permite determinar de manera automática los intereses aplicables a indemnizaciones y otros créditos laborales en litigio, eliminando la discrecionalidad y las diferencias de criterio entre tribunales.

La tasa de referencia, denominada "Tasa Pasiva (Ley 27.802, art. 55, inc. a)", se calcula como el promedio ponderado de la tasa efectiva diaria que las entidades financieras pagan por depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días. Esta serie estadística, publicada diariamente por el BCRA, se utiliza para actualizar los montos reclamados en juicios laborales. La normativa establece límites claros: el monto actualizado no puede superar la actualización por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más un 3% anual, ni ser inferior al 67% de ese valor, garantizando así un rango de actualización que protege tanto a trabajadores como a empleadores.

La calculadora es de uso obligatorio para jueces y partes en todos los juicios laborales que no tengan sentencia firme, incluyendo aquellos en instancias de apelación o en situaciones de concurso o quiebra. El sistema afecta tanto a juicios pendientes como a nuevos reclamos iniciados tras la promulgación de la ley.

Sin embargo, la implementación del método de "cómputo compuesto" (intereses sobre intereses) por parte del BCRA ha generado controversia. Mientras la Corte Suprema de Justicia se inclina por el "cómputo simple", el sistema oficial puede llevar a que los montos de las indemnizaciones se multipliquen, según advierte el Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (IDESA). Por ejemplo, un crédito laboral de $100 originado en diciembre de 2022 podría ascender a $766 bajo el método compuesto, frente a $280 con el simple.

El sector empresarial considera que la medida aporta previsibilidad y reduce el "costo de salida" laboral, pero advierte sobre el impacto de los intereses compuestos en la viabilidad de pago, especialmente para pymes. Por su parte, abogados y peritos valoran la transparencia y la aceleración en la liquidación de honorarios, aunque alertan sobre la posible reducción de estos debido a los nuevos límites.

El debate sobre el método de cálculo y la necesidad de homogeneizar criterios persiste, en un contexto de alta inflación y demoras judiciales. Analistas advierten que la falta de consenso podría afectar la estabilidad de empresas y aseguradoras, trasladando el impacto al Estado en casos de crisis generalizadas.