El gobierno de Javier Milei enfrenta un escándalo de corrupción que involucra al PAMI, el organismo encargado de la salud de jubilados y pensionados en Argentina. Las denuncias, presentadas en varias provincias, incluyen desvío de fondos, exigencias de aportes salariales a funcionarios y licitaciones irregulares.

En La Plata, la exdirectora del PAMI, Viviana Aguirre, denunció que le pidieron un millón de pesos mensuales como retorno. Casos similares se reportaron en Misiones, Santa Cruz, La Pampa y Chaco. Según Aguirre, estas prácticas eran comunes y estaban dirigidas por figuras clave de La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei. "Me pidieron firmar papeles ilegales y desviar fondos", afirmó.

El gobierno negó las acusaciones. "No tenemos absolutamente nada que ver", declaró el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien insistió en que la Justicia debe investigar. Además, el Ejecutivo anunció un nuevo sistema de entrega de pañales a domicilio para adultos mayores, que, según Adorni, generará un ahorro de 5.000 millones de pesos anuales.

El escándalo también incluye la designación de más de 80 cargos jerárquicos en el PAMI por parte de LLA, muchos de ellos ocupados por familiares y militantes del partido. Estas prácticas han sido criticadas por contradecir el discurso de Milei contra "la casta política".

La oposición ha solicitado la comparecencia de altos funcionarios del PAMI y el Ministerio de Salud en el Congreso. Mientras tanto, analistas advierten que el escándalo podría erosionar la credibilidad del gobierno y su agenda de reformas. El PAMI, con un presupuesto anual de 5 billones de pesos, es una de las "cajas políticas" más importantes del país, y las irregularidades en su manejo son un tema especialmente sensible en un contexto de ajuste fiscal severo.