El juez federal Daniel Rafecas habilitó por primera vez en la historia judicial argentina la realización de un juicio en ausencia contra diez acusados iraníes y libaneses por el atentado a la AMIA, perpetrado en Buenos Aires el 18 de julio de 1994. El ataque, que dejó 85 muertos y más de 150 heridos, es considerado el mayor acto terrorista en territorio argentino y ha permanecido impune durante más de tres décadas.

La decisión judicial se apoya en la reciente ley 27.784, que permite juzgar delitos de lesa humanidad y terrorismo aun cuando los imputados no estén presentes en el país. Entre los acusados figuran exfuncionarios del régimen iraní y miembros de Hezbollah, quienes cuentan con pedidos de captura internacional y alerta roja de Interpol desde 2006, pero nunca fueron extraditados debido a la falta de cooperación de Irán y El Líbano.

Según la investigación, la planificación del atentado se realizó en 1993 en la ciudad iraní de Mashhad, con la participación de las más altas autoridades del Estado iraní. El fiscal Sebastián Basso afirmó que "el responsable del atentado es Hezbollah, marioneta de Irán", y destacó que la orden final provino del líder supremo Alí Khamenei.

El fallo fue celebrado por el gobierno argentino y organizaciones como AMIA y DAIA, que ven en esta medida una oportunidad para avanzar en la búsqueda de justicia. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, subrayó: "Gracias a la ley de Juicio en Ausencia que impulsamos, la Justicia ahora tiene las herramientas para juzgar a los acusados por el atentado en la AMIA".

Sin embargo, la decisión también generó críticas. Agrupaciones de familiares de víctimas como Memoria Activa y APEMIA expresaron su rechazo, argumentando que el juicio en ausencia podría afectar garantías procesales y la transparencia del proceso. La defensa oficial de los acusados también se opuso, señalando posibles vulneraciones al derecho de defensa.

El proceso judicial aún puede ser apelado ante la Cámara Federal. Si los acusados se presentan, podrán ejercer su defensa y solicitar un nuevo juicio. La causa AMIA, marcada por la falta de condenas y obstáculos diplomáticos, encuentra así un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad y justicia, con implicancias que podrían extenderse a otros casos de terrorismo internacional en Argentina.