El juicio por la megaestafa con planes sociales en Neuquén avanza con revelaciones que sacuden el escenario político provincial. Exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social y operadores del Movimiento Popular Neuquino (MPN) enfrentan cargos por integrar una asociación ilícita que habría desviado más de $153 millones, aunque la fiscalía estima que el perjuicio total supera los mil millones de pesos.

La investigación comenzó en 2022, cuando un beneficiario denunció extracciones no autorizadas de su cuenta bancaria. El Banco Provincia del Neuquén (BPN) detectó movimientos sospechosos en al menos 198 cuentas, todas vinculadas a planes sociales. Las tarjetas de débito eran retenidas por punteros políticos, quienes realizaban extracciones masivas en cajeros automáticos, mientras los verdaderos beneficiarios recibían apenas una fracción del dinero. "El dinero se usó para la política y para mantener al Movimiento Popular Neuquino", afirmó el fiscal jefe Pablo Vignaroli durante el alegato de apertura.

El proceso judicial, que se desarrolla en la Ciudad Judicial de Neuquén, involucra a 14 imputados, entre ellos exministros, funcionarios, empleados públicos y presuntos testaferros. La estructura de la red operaba en cinco niveles jerárquicos, desde la conducción política hasta punteros barriales y beneficiarios fantasma. Parte de los fondos desviados habrían sido utilizados para financiar campañas políticas y actividades de clientelismo, según la acusación.

Durante las audiencias, se presentaron videos de seguridad que muestran a los imputados realizando extracciones con múltiples tarjetas en diferentes sucursales del BPN. Testigos clave declararon bajo reserva, y la defensa intentó sin éxito trasladar la causa al fuero federal, argumentando delitos electorales. El tribunal, presidido por el juez Juan Manuel Kees, rechazó el planteo y mantuvo la competencia provincial, señalando que no existe proceso electoral en curso ni infracción definida.

El caso pone en evidencia debilidades en los controles internos del BPN, que inició sumarios disciplinarios pero no radicó denuncias penales. La fiscalía anticipa penas de prisión efectiva para los involucrados, mientras la defensa cuestiona la rigurosidad de la investigación y la competencia judicial. El juicio, que se extenderá hasta septiembre, marca el pulso político previo a las elecciones y pone en jaque el relato de inclusión y asistencia social en Neuquén. Las consecuencias del proceso podrían impactar en la confianza pública y en la estructura política provincial.