La reforma laboral aprobada por el Congreso argentino en febrero de 2026 volvió a entrar en vigencia tras una serie de fallos judiciales que suspendieron y luego reactivaron su aplicación. El nuevo marco legal, que redefine el cálculo de indemnizaciones y flexibiliza aspectos clave de la relación laboral, se encuentra actualmente bajo revisión judicial, mientras empresas, sindicatos y el gobierno ajustan sus estrategias ante la incertidumbre.

El corazón de la reforma reside en el nuevo régimen indemnizatorio, que delimita con mayor precisión los conceptos de remuneración "normal" y "habitual". La ley incorpora el sueldo anual complementario y ciertos premios en la base de cálculo, pero establece que la reducción de la base salarial no puede superar el 33%, garantizando al menos el 67% de la mejor remuneración mensual. Este esquema se aplica a despidos producidos desde el 6 de marzo de 2026, mientras que los anteriores continúan bajo el sistema previo, generando una coexistencia normativa en los tribunales.

La reforma también introduce cambios en la antigüedad y el período de prueba, eliminando la obligación de preaviso en esta etapa inicial. Además, crea el Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo alternativo al régimen tradicional de indemnización, cuya implementación aún está bajo análisis por parte de las empresas. Según una encuesta reciente, el 81% de las firmas consultadas no ha definido su postura respecto a este fondo, reflejando la cautela del sector privado ante la falta de reglamentación.

En el plano sindical, la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros gremios han judicializado la reforma, cuestionando la constitucionalidad de varios artículos, especialmente aquellos que limitan el derecho a huelga y modifican la organización sindical. La CGT insiste en que el fuero laboral debe resolver estos planteos, mientras que el gobierno busca trasladar la competencia al fuero contencioso administrativo, lo que ha generado una fuerte disputa institucional.

El debate se ha trasladado también a la calle, con movilizaciones y llamados a medidas de fuerza. Sin embargo, la conducción de la CGT aún no ha definido un plan de acción concreto, mientras sectores más combativos exigen una huelga general. El gobierno, por su parte, considera la vigencia de la ley un avance, aunque reconoce que la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia, que podría definir el futuro de la reforma en los próximos meses.

En este contexto, el escenario laboral argentino permanece en transición, con normas vigentes pero sujetas a revisión, y con actores sociales y económicos a la espera de definiciones judiciales y reglamentarias que marcarán el rumbo del mercado de trabajo en el país.