El exjuez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, enfrenta tres acusaciones por presuntos delitos de corrupción, en un proceso judicial que ha sacudido al Poder Judicial argentino. La fiscalía federal ha solicitado una pena de 10 años de prisión, además de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y multas, al considerar que los hechos imputados configuran una trama de corrupción estructural dentro de la Justicia.

Según la acusación, Bailaque habría incurrido en delitos como prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos. El expediente sostiene que el exmagistrado utilizó su función judicial para favorecer intereses particulares y obtener beneficios económicos, en lo que los investigadores describen como un caso paradigmático de corrupción institucional.

El proceso también involucra a la esposa de Bailaque, un escribano y exfuncionarios de la AFIP, quienes habrían participado en maniobras de extorsión, pagos encubiertos y operaciones inmobiliarias con fondos ilícitos. Entre los hechos más relevantes, se destaca la presunta extorsión a empresarios del Grupo San Cristóbal, a quienes se les exigieron 200.000 dólares para evitar perjuicios en una causa penal, de los cuales se habrían entregado 160.000. Además, la fiscalía señala que Bailaque recibió más de 5,7 millones de pesos en pagos mensuales encubiertos como alquiler de un inmueble, y que en 2020, junto a su esposa, adquirió un lote en Funes por 70.000 dólares en efectivo, presuntamente con dinero de origen ilícito.

Las acusaciones fueron impulsadas por la PROCELAC y áreas especializadas en criminalidad económica y narcocriminalidad. Actualmente, el exjuez permanece en prisión domiciliaria mientras el juzgado define si los expedientes se unifican en un único juicio oral. La fiscalía argumenta que los hechos, aunque distintos, están interrelacionados y reflejan un patrón de conducta que trasciende lo individual y afecta la confianza en el sistema judicial.

El caso ha generado preocupación en el ámbito institucional y pone en debate la integridad del Poder Judicial en la región. Se espera que en las próximas semanas el tribunal decida si la causa avanza a juicio oral, lo que podría sentar un precedente relevante en la lucha contra la corrupción judicial en Argentina.