El conflicto salarial entre el gobierno bonaerense y los gremios estatales y docentes alcanzó un nuevo pico de tensión tras el rechazo sindical a la última oferta de aumento del 3% para febrero. La propuesta, presentada por la administración de Axel Kicillof, fue considerada insuficiente por los sindicatos, que argumentan que la mejora real sería de apenas 1,5% respecto a enero, debido a la eliminación de un retroactivo que se había cobrado el mes anterior.

Los gremios estatales, nucleados en UPCN, ATE y Fegeppba, rechazaron de plano la oferta y reclamaron un incremento más cercano al 4,5%, cifra que consideran necesaria para equiparar la inflación de enero, que fue del 2,9%, y el retroactivo perdido. "La propuesta no contempla las necesidades reales de los trabajadores estatales", señalaron desde Fegeppba, mientras que UPCN exigió al menos mantener el retroactivo para evitar una baja en los salarios.

En el sector docente, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y el Frente de Unidad Docente Bonaerense se llevaron la propuesta para analizarla, aunque fuentes gremiales anticipan que el rechazo es inminente. La FEB ya resolvió una medida de fuerza para el 2 de marzo, fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo, lo que pone en riesgo el normal comienzo de clases para casi cinco millones de alumnos en la provincia.

El gobierno provincial, por su parte, advirtió que la delicada situación fiscal limita la posibilidad de mejorar la oferta. "La provincia no cuenta con margen para una suba mayor", indicaron fuentes oficiales, aunque no descartan otorgar el aumento por decreto si no se alcanza un acuerdo.

Este escenario marca un quiebre en la relación entre el Ejecutivo bonaerense y los gremios, que hasta ahora habían logrado cerrar acuerdos sin paros durante la gestión de Kicillof. La tensión se da en un contexto de ajuste nacional y pérdida de recursos de coparticipación, lo que agrava la situación financiera de la provincia. Además, la posibilidad de una medida de fuerza nacional convocada por CTERA podría sumar presión al conflicto local.

El desenlace de la paritaria bonaerense es incierto y mantiene en vilo a la comunidad educativa y a los trabajadores estatales, mientras el gobierno busca evitar un paro que afecte el inicio de clases y complique aún más el panorama político y social en la provincia.