La ciudad de Villa Allende, en la provincia de Córdoba, implementará a partir de marzo una controvertida medida para combatir la inseguridad: el cierre nocturno de calles secundarias mediante la instalación de portones metálicos. Esta iniciativa, inédita en la provincia, fue avalada recientemente por la Cámara Contencioso Administrativa, que la consideró "razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública".

El plan, que forma parte del “Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal”, contempla la colocación de 14 portones en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar, que estarán activos entre las 22 y las 6 horas. Además, el programa incluye la incorporación de cinco móviles de patrullaje, 250 cámaras de seguridad y 57 domos policiales, así como mejoras en la iluminación y la adquisición de un dron para vigilancia.

El intendente Pablo Cornet defendió la medida argumentando que "el 60% de los robos en la localidad ocurren durante la noche" y que la decisión "no responde a una cuestión política o ideológica, sino a una solución práctica y excepcional frente al incremento de la inseguridad". Cornet explicó que la idea surgió del diálogo con vecinos, quienes identificaron las calles por donde suelen ingresar y escapar los delincuentes.

Sin embargo, la iniciativa generó un fuerte rechazo entre sectores de la oposición y grupos de vecinos autoconvocados, quienes presentaron amparos y apelaciones judiciales. Los críticos sostienen que el cierre de calles vulnera derechos fundamentales como la libre circulación y la igualdad ante la ley, y advierten sobre la falta de estudios técnicos que respalden la eficacia de la medida. Además, alertan sobre riesgos operativos en caso de emergencias y sobre el posible impacto negativo en la cohesión social de los barrios.

El municipio implementó un Registro de Oposición para que los vecinos pudieran expresar su rechazo; en la primera consulta, solo el 1,98% de los contribuyentes votó en contra. A pesar de ello, los opositores denuncian que el mecanismo excluyó a parte de la población y que la medida podría profundizar la segregación urbana.

El debate en Villa Allende refleja la tensión entre la búsqueda de soluciones frente a la inseguridad y la protección de derechos ciudadanos. Mientras la Justicia priorizó la seguridad pública, la apelación de los vecinos sigue su curso y la experiencia será observada de cerca por otras localidades con problemáticas similares.