El gobierno de Javier Milei avanza con un ambicioso plan de reestructuración estatal que incluye la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), un organismo clave en la supervisión del transporte terrestre en Argentina. Esta medida, liderada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, forma parte de una política más amplia de reducción del gasto público y simplificación normativa.

La CNRT, que cuenta con un presupuesto anual de $22.367 millones, será absorbida por la Secretaría de Transporte, bajo la órbita del Ministerio de Economía. Entre sus funciones se encuentran la fiscalización de servicios ferroviarios y automotores, la evaluación psicofísica de conductores y la aplicación de sanciones por infracciones. Según fuentes oficiales, la reestructuración busca centralizar funciones para disminuir costos y burocracia, eliminando trámites considerados innecesarios.

En una entrevista reciente, Sturzenegger explicó que el gobierno trabaja en un relevamiento de más de 700.000 decretos y 42.000 leyes vigentes, con el objetivo de eliminar normativas obsoletas. "El Estado grande es ajuste para la sociedad", afirmó el ministro, quien defendió la política de reducción del gasto como un alivio para los ciudadanos.

La medida ha generado tensiones dentro del gabinete. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había solicitado que áreas como la CNRT pasaran a su cartera, argumentando que en otros países estas funciones están bajo su jurisdicción. Sin embargo, su propuesta no prosperó. Además, gremios y operadores del sector expresaron preocupación por la posible pérdida de capacidad operativa en la fiscalización del transporte.

La disolución de la CNRT también expone disputas internas en el gobierno. Javier Fábregas, gerente de fiscalización de transporte automotor y cercano a Karina Milei, presentó su renuncia en medio de los cambios. Su salida refleja las tensiones por el control de organismos estratégicos.

El plan de reestructuración estatal se enmarca en un contexto de estabilidad económica tras la eliminación del cepo cambiario y la reducción del gasto público. Según Sturzenegger, estas políticas han permitido una baja del gasto equivalente a cinco puntos del Producto Bruto Interno (PBI) y una reducción significativa del impuesto inflacionario.

A pesar de las críticas, el gobierno considera que la medida es un paso necesario hacia la eficiencia estatal. Se espera que en las próximas semanas se anuncien más cambios administrativos que profundicen el ajuste sobre las estructuras estatales.