El sábado por la noche, Cristian Eduardo Pereyra, docente y padre de una niña de tres años, fue asesinado mientras trabajaba como chofer de una aplicación de viajes en Virrey del Pino, partido de La Matanza. El principal sospechoso del crimen es Matías Alejandro Vizgarra Riveros, un policía bonaerense de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), quien fue detenido tras inconsistencias en su declaración ante la fiscalía.

Según la reconstrucción de los hechos, Pereyra manejaba un Chevrolet Corsa cuando fue sorprendido por el pasajero, quien le disparó entre tres y cinco veces durante un intento de robo. El ataque ocurrió sobre la autopista Presidente Perón, a la altura del barrio San Javier. Tras el crimen, el policía se fugó con el auto de la víctima, que luego fue hallado en Ciudad Evita, cerca de la base de la UTOI.

La investigación está a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, quien solicitó la detención del imputado, medida que fue avalada por la Justicia bonaerense. En la escena del crimen se secuestraron cinco vainas calibre 9 milímetros y un proyectil encamisado.

La muerte de Pereyra generó una fuerte reacción en la comunidad educativa y entre sindicatos docentes, quienes expresaron su repudio y exigieron justicia. "Acompañamos el pedido de justicia y expresamos nuestro más enérgico repudio hacia todo hecho de violencia hacia los y las docentes y al conjunto de todos los trabajadores", comunicó la Unión Docentes Argentinos de La Matanza.

Familiares de la víctima denunciaron la impunidad policial y la precariedad laboral que obliga a muchos docentes a buscar empleos adicionales para llegar a fin de mes. "A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y se fue a trabajar a la UTOI. La institución que nos tiene que cuidar lo mató", expresó una de las hermanas de Pereyra en redes sociales.

El caso reaviva el debate sobre la inseguridad en el conurbano bonaerense y la necesidad de investigaciones independientes sobre la actuación policial. Además, pone en evidencia la situación de vulnerabilidad de los trabajadores y la falta de protección frente a la violencia creciente. La comunidad educativa dispuso un día de duelo y convocó a movilizaciones para exigir justicia por Cristian Pereyra.