La Municipalidad de Villa Allende, en la provincia de Córdoba, comenzará en febrero a cerrar calles secundarias durante la noche como parte de un programa integral para combatir la inseguridad. La medida, inédita en la provincia, fue avalada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación, que la consideró "razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública". Según datos oficiales, el 60% de los robos en la localidad se producen en horario nocturno, lo que motivó la declaración de emergencia en seguridad desde 2023 y la aprobación de la ordenanza 14/25.

El intendente Pablo Cornet explicó que la iniciativa no responde a una decisión política o ideológica, sino a una solución práctica y excepcional frente al incremento de la criminalidad. El plan inicial contempla la instalación de quince portones en los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur, con cierre de 22 a 6 horas y apertura a cargo del personal municipal. Además, el programa prevé la incorporación de 300 cámaras de seguridad y ocho móviles policiales adicionales para establecer corredores seguros.

La decisión judicial habilitó la puesta en marcha del plan, que había sido paralizado por una medida cautelar tras la presentación de amparos colectivos por parte de vecinos y sectores opositores. Los demandantes argumentan que el cierre de calles vulnera derechos fundamentales como la libre circulación y la igualdad ante la ley, y critican la ausencia de estudios técnicos que respalden la eficacia de la medida. "Robar, roban en cualquier horario. Es una medida totalmente arbitraria y sin lógica", expresó Cecilia Klor, una de las vecinas demandantes. Por su parte, la concejal Marta Banegas sostuvo que "en vez de llevar adelante políticas de inclusión se llevan adelante políticas de segregación y eso es peligroso".

El mecanismo de consulta vecinal fue inicialmente cuestionado por excluir a inquilinos y residentes no propietarios, aunque la Municipalidad respondió incorporando a quienes acrediten residencia legítima. Menos del 2% de los empadronados se opusieron formalmente a la medida, según el Registro de Oposición.

La Justicia determinó que la restricción es parcial y fundada en la emergencia de seguridad, pero los vecinos afectados ya confirmaron que apelarán el fallo, por lo que la validez definitiva del sistema de portones quedará supeditada a una instancia judicial superior. El programa podría extenderse a otros barrios de Villa Allende si los resultados iniciales son positivos, manteniendo abierto el debate sobre la eficacia y el impacto social de la medida.