Un operativo de Gendarmería Nacional realizado el 28 de marzo de 2025 en la Ruta Nacional 11, a la altura de El Timbó, en el norte de Santa Fe, derivó en una investigación federal por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. Durante el control, los agentes descubrieron $357 millones ocultos en compartimientos especialmente modificados de un Toyota Corolla Cross, cuyo conductor viajaba desde Resistencia, Chaco, hacia la ciudad de Buenos Aires.

El hallazgo motivó la intervención de la Justicia federal, que formalizó la imputación de cuatro personas y una empresa de repuestos de Resistencia, sospechadas de integrar una estructura organizada para el traslado y blanqueo de dinero de origen ilícito. Según la investigación, el vehículo realizaba viajes frecuentes a distintas provincias, una actividad que no se correspondía con la operatoria comercial declarada por la firma involucrada.

Durante la requisa, el conductor del vehículo intentó colaborar con los gendarmes para evitar daños en el auto, mostrando cómo acceder a los compartimientos ocultos. Además, se incautó un documento notarial que autorizaba el traslado de hasta $800 millones, lo que para la fiscalía evidenciaba un intento de dar apariencia de legalidad a la maniobra clandestina.

El juez federal de Garantías, Aldo Mario Alurralde, dispuso un embargo cautelar de $2.000 millones sobre los bienes de los imputados y la empresa, así como el congelamiento de cuentas bancarias y cajas de seguridad. En un allanamiento posterior en la sede de la empresa en Chaco, se secuestraron más pruebas, incluyendo dinero en efectivo, máquinas contadoras de billetes y documentación relacionada con operaciones financieras.

La fiscalía, encabezada por Roberto Salum y Bruno Ojeda, sostuvo que la operatoria consistía en la compra y venta de divisas sin autorización del Banco Central, utilizando la empresa como fachada para insertar fondos de origen no acreditado en el circuito legal. El caso, que involucra varias jurisdicciones y una estructura societaria compleja, fue considerado por los investigadores como un ejemplo de la sofisticación alcanzada por las maniobras de lavado de activos en el país.

La Justicia otorgó un plazo de un año para profundizar la investigación, dada la magnitud y el alcance nacional del expediente. Se espera que el proceso siente un precedente en la persecución de delitos financieros complejos y en la articulación de medidas cautelares para asegurar bienes y evitar la fuga de capitales.