Patricia Bullrich y Martín Menem han comenzado a coordinar la estrategia legislativa del oficialismo en el Congreso argentino, con el objetivo de avanzar en la agenda de reformas impulsada por el presidente Javier Milei. Tras el recambio legislativo, Bullrich asumirá como jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, mientras Menem continuará al frente de la Cámara de Diputados. Ambos lideran reuniones y negociaciones con aliados y sectores dialoguistas para asegurar el quórum necesario y aprobar proyectos clave como el Presupuesto 2026 y reformas en materia laboral, tributaria y penal.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado, ha sido marginada de la estrategia oficialista, generando tensiones internas. Bullrich, por su parte, ha intensificado los contactos con senadores propios y de otros bloques, excluyendo al kirchnerismo, con quien mantiene un enfrentamiento de larga data. "Yo creo que sí. Si uno construye una mayoría, el presidente del Senado tiene que conducir. Prefiero que colabore, que nos haga las cosas más fáciles", expresó Bullrich en referencia a la posible colaboración de Villarruel.

En Diputados, Menem y Bullrich han articulado la capacitación y reorganización de los nuevos legisladores, incluyendo la designación de Silvana Giudici como secretaria parlamentaria, figura de confianza de Bullrich. El oficialismo prioriza la aprobación del Presupuesto antes de fin de año, mientras que las reformas estructurales quedarían para enero o febrero. La estrategia incluye sumar diputados del PRO y radicalismo, así como negociar con gobernadores a través de reuniones encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli.

La convivencia entre Bullrich y Villarruel es una de las grandes incógnitas, dado los fuertes cruces públicos previos. Legisladores experimentados aconsejan a Bullrich evitar confrontaciones y tender puentes para facilitar la dinámica legislativa. "Somos oficialismo. Tenemos que cuidarnos", fue uno de los consejos brindados a los nuevos miembros del bloque. El Congreso, además, enfrenta el desafío de cubrir vacantes institucionales clave, como jueces de la Corte Suprema y defensores públicos, en medio de una agenda cargada y negociaciones complejas que definirán el rumbo político en los próximos meses.