La reciente tragedia ocurrida en la Ruta 20, en el departamento 9 de Julio, San Juan, ha generado una fuerte movilización social y un renovado reclamo por mejoras en la seguridad vial. El accidente, que tuvo lugar el 21 de marzo, cobró la vida de Valeria Pont, su pareja Matías Osola y su hija de 11 meses, cuando el vehículo en el que viajaban colisionó de frente con un Audi TT tras intentar sobrepasar a un camión.

Gerardo Pont, padre de Valeria y residente en España desde hace dos décadas, regresó a San Juan para despedir a su familia y, en medio del dolor, decidió encabezar un pedido colectivo para transformar la Ruta 20 en una autovía. "Esto no es solo por Valeria y mi familia; es para todos los cauceteros", expresó Pont, quien lidera una campaña de recolección de firmas para exigir a las autoridades provinciales y nacionales la realización de obras viales y la intensificación de controles y campañas de concientización.

El reclamo cuenta con el respaldo de la intendenta de Caucete, Romina Rosas, y de organizaciones civiles como Familias del Dolor y la Esperanza. Rosas aseguró que el municipio ya ha iniciado gestiones ante el Gobierno provincial y Vialidad Nacional, y se comprometió a reforzar los operativos policiales y las campañas de educación vial en la zona.

Durante una manifestación en la Municipalidad de Caucete, Pont sorprendió al pedir perdón públicamente al conductor del otro vehículo involucrado, Gabriel Núñez, subrayando la importancia de la prudencia y la responsabilidad al volante. "No he venido a hacer justicia, no soy un justiciero. Le pido perdón al señor Núñez porque por una imprudencia de tres segundos parte de mi familia falleció, y él también podría haber fallecido", declaró.

La tragedia ha puesto nuevamente en evidencia la peligrosidad de la Ruta 20, una de las más transitadas y señaladas por su alta siniestralidad en la provincia. El petitorio impulsado por Pont será presentado durante la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, buscando sumar el apoyo de miles de ciudadanos para exigir respuestas concretas de las autoridades.

El caso reaviva el debate sobre la necesidad de obras estructurales y políticas públicas sostenidas para mejorar la seguridad vial en San Juan, con la esperanza de que el dolor de una familia se transforme en un cambio positivo para toda la comunidad.