La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una investigación judicial de gran magnitud tras la revelación de presuntas maniobras de desvío de fondos y contratos opacos que involucran a su presidente Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y el empresario Javier Faroni. El epicentro del escándalo es Tourprodenter LLC, una empresa radicada en Florida, Estados Unidos, que fue designada como agente comercial exclusivo de la AFA en 2021, con facultades para recaudar ingresos por acuerdos de patrocinio y partidos amistosos internacionales.

Según documentos bancarios y contratos incautados por la Justicia, Tourprodenter LLC recibió más de 260 millones de dólares entre 2022 y 2025, quedándose con una comisión del 30% sobre todos los ingresos generados en el exterior. Parte de estos fondos fue transferida a una red de empresas "fantasma" sin actividad comercial verificada, muchas de ellas vinculadas a parejas residentes en Bariloche y a empresarios con antecedentes de quiebra. Además, se detectaron gastos suntuarios en alquiler de yates y aviones privados por más de 16 millones de dólares, sin que existan registros de servicios prestados a la AFA o a la Selección Nacional.

El circuito financiero incluyó transferencias a brokers en Uruguay, como Adcap Securities, antes de que los fondos llegaran finalmente a la AFA, bajo el argumento de restricciones cambiarias vigentes en Argentina. Empresas como Arcor, VGR y PedidosYa aparecen en los registros como originarias de transferencias a Tourprodenter y a Global FC LLC, otra sociedad vinculada al marketing deportivo y a la recaudación de fondos para la AFA.

La investigación judicial, que involucra tanto a la Justicia argentina como a la estadounidense, apunta a posibles maniobras de lavado de dinero y apropiación indebida de fondos. Las autoridades analizan la legalidad de los contratos y el destino de los recursos, mientras que los principales involucrados defienden la transparencia de sus operaciones y alegan que los pagos corresponden a honorarios y servicios de intermediación.

El caso ha generado un fuerte debate público sobre la falta de controles internos en la AFA y la opacidad en el manejo de fondos vinculados al fútbol argentino. Opiniones periodísticas y denuncias de ex organizadores de partidos, como Guillermo Tofoni, advierten sobre la complicidad de organismos de control y la posible impunidad de los responsables. El escándalo expone la necesidad de reformas profundas en la administración de entidades deportivas y pone en cuestión la ética y la transparencia en uno de los sectores más populares del país. Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos meses se definan responsabilidades y eventuales sanciones judiciales.