Diez agentes de la Policía de Acción Táctica de Rosario fueron imputados este martes por un violento episodio ocurrido el 27 de mayo de 2024, cuando durante un allanamiento ilegal en una vivienda de la zona norte, golpearon y prendieron fuego a un hombre de 42 años. La víctima, que quedó con secuelas irreversibles, fue rociada con alcohol etílico y encendida con un encendedor mientras se encontraba reducida e indefensa en el piso. El hecho fue encubierto por los propios policías, quienes falsificaron el acta del procedimiento y amenazaron a los testigos para sostener una versión falsa de los hechos.

La investigación, encabezada por el fiscal Pablo Socca, reveló que los agentes planificaban y comentaban sus delitos en un grupo de WhatsApp, donde se referían abiertamente a la manipulación de pruebas y a la ejecución de procedimientos ilegales para obtener beneficios personales. Los chats recuperados muestran cómo los policías discutían la logística de los operativos y el encubrimiento posterior, evidenciando un accionar sistemático y coordinado.

Durante la audiencia imputativa, el juez Rafael Coria dispuso la prisión preventiva efectiva para nueve de los acusados y domiciliaria para una agente, mientras avanza la investigación. La Fiscalía imputó a los agentes por tentativa de homicidio agravado, amenazas, encubrimiento, falsedad ideológica y omisión de deberes, entre otros cargos. La víctima, que estuvo 40 días en terapia intensiva, perdió la voz y sufrió daños respiratorios permanentes.

El caso ha generado un fuerte repudio social y reavivó el debate sobre la violencia institucional y la corrupción policial en Rosario. Algunos de los imputados ya contaban con antecedentes por hechos similares, lo que pone en evidencia la existencia de prácticas delictivas recurrentes dentro de la fuerza. El fiscal Socca advirtió sobre la gravedad y la habitualidad de estos delitos, mientras la sociedad exige justicia y reformas profundas en las fuerzas de seguridad.