La disputa judicial internacional por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo tras el reciente fallo de la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de la petrolera estatal a fondos acreedores como Burford Capital, Eton Park y Bainbridge. Esta decisión responde a sentencias condenatorias por más de 16.000 millones de dólares, derivadas de la estatización de la compañía en 2012 y la posterior venta de derechos de litigio a fondos internacionales.

El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, respondió rápidamente con una apelación y solicitó la suspensión de la ejecución del fallo, argumentando que la medida es jurídicamente inaplicable y operativamente inviable. "La defensa legal de la República Argentina es prioritaria y requiere máxima cautela", señalaron fuentes oficiales, que además advirtieron que entregar la mayoría accionaria de YPF implicaría un daño irreversible para el patrimonio nacional.

Por su parte, los fondos acreedores intensificaron la presión judicial y mediática para que la jueza Preska no conceda la suspensión solicitada por Argentina. En sus presentaciones, los demandantes citaron declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof y proyectos de ley en el Congreso que, según ellos, buscan evitar el cumplimiento del fallo. "No es probable que la Argentina tenga éxito en apelar la orden de transferencia", manifestaron los abogados de los fondos.

El CEO de YPF, Horacio Marín, minimizó el impacto del fallo sobre la operatividad de la empresa y destacó el crecimiento de Vaca Muerta, asegurando que la compañía sigue adelante con sus planes de inversión y desarrollo. "Estamos en un período de crecimiento extraordinario", afirmó Marín, quien también subrayó que el aumento en el precio de los combustibles responde a un nuevo esquema de precios dinámicos y no al litigio internacional.

Mientras tanto, la causa sigue su curso en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, donde las partes ya presentaron los escritos requeridos y aguardan la conformación del panel de jueces que definirá la fecha de la audiencia. El desenlace del caso podría tener profundas implicancias para la economía argentina y la soberanía sobre sus recursos estratégicos.