El proceso de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina, quedó en suspenso tras la falta de quórum en la Cámara de Diputados provincial. La Comisión de Juicio Político había emitido un dictamen rechazando las denuncias de mal desempeño contra Medina, quien fue acusada de ausentarse de su cargo durante 668 días en nueve años y de utilizar recursos públicos para fines personales. Sin embargo, la sesión especial convocada para tratar el dictamen no pudo realizarse debido a la ausencia del bloque peronista, que cuestionó el "tratamiento express" del caso y reclamó mayor análisis y producción de pruebas.

El oficialismo defendió la decisión de la comisión, argumentando que las ausencias de Medina estaban debidamente autorizadas y que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación. Por su parte, la oposición y organizaciones civiles, como la ONG "Entre Ríos sin Corrupción", criticaron la falta de investigación y denunciaron posibles arreglos políticos para proteger a la magistrada. Fabiana Cian, presidenta de la ONG y denunciante en el proceso, expresó su decepción por la rapidez con la que se resolvió el caso y la falta de respuestas a los reclamos de transparencia.

El caso de Medina no es aislado en la provincia. Entre 2016 y 2025, cinco vocales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos enfrentaron denuncias de juicio político, pero ninguno fue destituido. En la mayoría de los casos, los procesos se resolvieron mediante acuerdos políticos, renuncias estratégicas o rechazos legislativos, lo que refuerza la percepción de un patrón de impunidad y falta de control efectivo sobre el Poder Judicial provincial.

Mientras tanto, la ciudadanía y diversas organizaciones continúan reclamando mayor transparencia y rendición de cuentas en el funcionamiento de las instituciones. El desenlace del caso Medina, que podría cerrarse por vencimiento de plazos sin una resolución de fondo, pone nuevamente en debate la eficacia del juicio político como herramienta de control institucional en Entre Ríos.