El presidente Javier Milei vetó la ley de emergencia para Bahía Blanca, que había sido aprobada por el Congreso con amplio consenso y preveía la creación de un fondo especial de 200.000 millones de pesos para la reconstrucción de la ciudad y la asistencia a los damnificados por las inundaciones de marzo. La decisión, formalizada a través del Decreto 424/2025, también deja sin efecto beneficios fiscales, moratorias y líneas de crédito para los afectados.

El Gobierno justificó el veto argumentando que la ley duplicaba fondos ya asignados mediante decretos previos y que carecía de previsión presupuestaria, lo que la hacía inviable según la Ley de Administración Financiera. "El proyecto de ley sancionado no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones", señalaron desde el Ejecutivo, que recordó la asistencia ya otorgada a través de un préstamo del BID y transferencias directas al municipio.

La medida generó un fuerte rechazo de la oposición y de autoridades locales. El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, lamentó la decisión y advirtió que la reconstrucción "aún no comenzó". "Bahía tiene derecho a renacer. Vamos a seguir luchando, pero la reconstrucción real todavía no empezó. Se necesitan recursos, y se necesitan ya", afirmó en conferencia de prensa. Desde el PJ bonaerense y otros sectores opositores calificaron la medida de "cruel" y "desalmada", y anticiparon que insistirán con la norma en el Congreso.

El Gobierno, por su parte, defendió la gestión de la emergencia y acusó a la oposición de "hacer política con la tragedia". Funcionarios del Ministerio de Seguridad destacaron la asistencia brindada desde el primer momento, incluyendo transferencias, insumos, y despliegue de fuerzas federales. "El compromiso de la ministra Bullrich y del presidente Milei es con todos los argentinos y así lo demostramos en todas las emergencias", afirmó Ignacio Cabello, de la Agencia Federal de Emergencias.

El debate sobre la asistencia a Bahía Blanca se da en un contexto de ajuste fiscal y tensiones entre Nación y provincias. El Congreso podría insistir con la ley si logra reunir una mayoría calificada, mientras la ciudad sigue reclamando recursos para su reconstrucción.