El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, enfrenta una nueva pulseada política tras el contundente revés sufrido en el Senado, donde la oposición logró aprobar proyectos de ley que contemplan aumentos extraordinarios para jubilados, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Con 52 votos a favor, la Cámara Alta dejó en evidencia la voluntad de avanzar en mejoras para los sectores más vulnerables, pese a la resistencia del oficialismo.

Ante este escenario, el presidente Milei anunció que vetará todas las leyes sancionadas, una herramienta constitucional que ya utilizó en septiembre de 2024 para rechazar un aumento a los jubilados y en octubre del mismo año para frenar la ley de Financiamiento Universitario. "Sesión ilegal en el Senado, no hay dictámenes válidos. Los K y sus socios siempre juegan sucio. Quieren desestabilizar el Gobierno", expresó la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero, reflejando la postura del oficialismo.

La estrategia del Gobierno ahora se centra en la Cámara de Diputados, donde buscará blindar los vetos presidenciales. El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, liderarán las negociaciones para asegurar el respaldo necesario. El oficialismo cuenta con 39 diputados propios y espera sumar aliados, especialmente del PRO, aunque la crisis interna de ese partido complica el panorama. Algunos diputados que antes apoyaron al Gobierno han manifestado su desacuerdo o se abstuvieron en la última votación.

El proceso de veto está regulado por el artículo 83 de la Constitución Nacional, que establece que un proyecto vetado por el Ejecutivo puede ser ratificado por el Congreso con una mayoría especial. La Casa Rosada, con la ayuda de funcionarios clave, intensifica las conversaciones con gobernadores y bloques provinciales para mantener la cohesión y evitar que la oposición logre revertir el veto.

El debate sobre las jubilaciones se da en un contexto de alta sensibilidad social y en la antesala de un proceso electoral, lo que aumenta la presión sobre los legisladores. El desenlace de esta disputa marcará el rumbo de la política previsional y la capacidad del Gobierno para sostener su agenda de ajuste en medio de crecientes tensiones políticas y sociales.