El gobierno de San Luis ha decidido implementar el Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA), lo que implica la aplicación del impuesto sobre los Ingresos Brutos a las transacciones realizadas en billeteras virtuales. Esta medida, que entró en vigencia el 2 de junio de 2025, ha generado diversas interpretaciones y reacciones entre los ciudadanos y expertos.

El SIRCUPA permite rastrear los movimientos en billeteras virtuales y aplicar retenciones automáticas, similar a lo que ocurre con cuentas bancarias. Según la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, no se trata de un nuevo impuesto, sino de un sistema de recaudación anticipada para contribuyentes inscriptos en el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Las alícuotas varían entre el 0,01% y el 5%, dependiendo de la actividad económica declarada por cada contribuyente.

La medida afecta únicamente a personas físicas o jurídicas inscriptas en el impuesto, dejando fuera a quienes no están registrados. Sin embargo, ha generado preocupación entre los usuarios de billeteras virtuales, quienes utilizan estas herramientas para actividades cotidianas como transferencias personales, pagos grupales y colaboraciones familiares. Incluso estos movimientos podrían ser alcanzados por el esquema fiscal, lo que ha llevado a críticas sobre su impacto en la economía informal y el uso cotidiano de estas plataformas.

Durante la campaña electoral, el gobernador Claudio Poggi prometió no implementar nuevos impuestos. Sin embargo, el deterioro de las cuentas públicas y los gastos extraordinarios durante el proceso electoral parecen haber motivado esta decisión, que contradice aquellas promesas. Economistas han señalado que el impuesto sobre los Ingresos Brutos es regresivo, ya que se aplica sin considerar si hubo una ganancia real y se cobra repetidamente en distintas etapas de la cadena económica, encareciendo productos y desincentivando la actividad.

El SIRCUPA fue creado en 2022 y ya es utilizado por 18 provincias para equiparar el tratamiento fiscal entre operaciones bancarias tradicionales y digitales. Provincias como Mendoza y Santa Fe han optado por reducir este impuesto para fomentar la competitividad, mientras que San Luis ha decidido ampliar su alcance.

La implementación de este sistema ha generado un debate sobre su impacto en la economía local y la coherencia con las promesas de campaña del gobernador. Mientras el gobierno defiende la medida como una herramienta para mejorar la recaudación fiscal en la economía digital, ciudadanos y expertos cuestionan su efectividad y equidad.