El Gobierno nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), oficializó la convocatoria a subasta pública para la venta de un inmueble ubicado en la calle Juncal 847/51, en el barrio de Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El predio, que cuenta con una superficie de 499,67 metros cuadrados y una edificación de 1.638,48 metros cuadrados distribuidos en cinco niveles, fue desafectado del Ministerio de Relaciones Exteriores y será subastado con un precio base de 1,9 millones de dólares, según lo dispuesto en la Resolución publicada en el Boletín Oficial el 5 de enero de 2026.

La subasta, programada para el 9 de febrero de 2026 a través del portal electrónico SUBAST.AR, forma parte de un plan más amplio de desinversión de activos estatales impulsado por la administración de Javier Milei. El objetivo es recaudar hasta 800 millones de dólares mediante la venta de más de 300 inmuebles públicos considerados no estratégicos o en desuso. "La presente medida se enmarca en la decisión política del Poder Ejecutivo Nacional de hacer prevalecer el mejor aprovechamiento y utilización del patrimonio estatal", señala la resolución oficial.

El edificio, de valor patrimonial y diseñado por el arquitecto Juan José Fortini, se encuentra en estado regular a malo y será vendido en las condiciones actuales, por lo que cualquier adecuación quedará a cargo del comprador. La inscripción para participar en la subasta estará abierta hasta el 2 de febrero de 2026.

La AABE, recientemente renovada en su conducción con la designación de Tania Alejandra Yedro como presidenta, ha implementado cambios normativos para agilizar los procesos de venta, incluyendo la habilitación de bancos y agentes financieros para realizar tasaciones y la digitalización completa de los procedimientos. Estas medidas buscan atraer inversores y acelerar la generación de ingresos fiscales.

Mientras el Gobierno resalta la transparencia y eficiencia del proceso, sectores gremiales y defensores del patrimonio han manifestado preocupación por el destino de bienes históricos y estratégicos. El debate sobre la venta de activos públicos continúa en el centro de la agenda política y económica, en un contexto de ajuste fiscal y reformas estructurales.