El hallazgo de ocho fetos en la clínica Santa María de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, durante un operativo para localizar a una niña de 12 años embarazada tras un abuso sexual en Santiago del Estero, ha generado conmoción y una compleja investigación judicial. El caso se originó cuando la madre de la menor denunció el abuso cometido por dos primos, quienes actualmente se encuentran prófugos. La niña, oriunda de Monte Quemado, fue trasladada junto a su madre a Buenos Aires, donde se le practicó una interrupción legal del embarazo, según la ONG Fundación CIGESAR, que intervino en el procedimiento.

Durante el allanamiento en la clínica, la policía encontró ocho fetos en bolsas de residuos, algunos con gestación avanzada. La fiscalía de San Martín investiga si los procedimientos se realizaron bajo el marco de la Ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo o si hubo irregularidades. "Fueron encontrados en bolsas de consorcio, sin frío. No actuaron conforme a derecho", declaró el fiscal Santiago Bridoux, quien busca obtener el ADN del violador a partir de los restos fetales.

La Fundación CIGESAR reconoció su participación y aseguró que todas las prácticas se realizaron dentro del marco legal, con avales judiciales y protocolos sanitarios. La clínica, por su parte, indicó que la ONG alquiló sus instalaciones y que el personal médico era propio de la fundación. El Ministerio de Salud bonaerense realizó una inspección y solo detectó infracciones menores, permitiendo que la clínica continúe operando.

El caso involucra tres jurisdicciones: la Justicia de Santiago del Estero investiga el abuso sexual, la de San Martín el hallazgo de los fetos y la de Tres de Febrero una posible causa de trata de personas, ante la hipótesis de que alguno de los fetos haya nacido con vida. Las autoridades buscan determinar la trazabilidad de cada procedimiento y si se respetaron los protocolos legales.

Mientras tanto, la menor y su madre regresaron a Santiago del Estero, donde continúa la investigación penal. El caso ha reavivado el debate sobre la legalidad y control de los procedimientos de aborto en el país, así como la protección de los derechos de las víctimas de abuso sexual.