El exdiputado nacional y economista José Luis Espert se presenta hoy ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, para prestar declaración indagatoria en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. La investigación, impulsada por el fiscal Fernando Domínguez, apunta a una transferencia de 200 mil dólares recibida por Espert en 2020 desde la empresa Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada a una red de lavado de activos liderada por Federico “Fred” Machado.

Según la acusación, el dinero fue justificado mediante un contrato de asesoría financiera con la minera guatemalteca "Minas del Pueblo", representada por Machado. El acuerdo, por un total de un millón de dólares, habría servido para dar apariencia lícita a fondos de origen ilícito. La Justicia sostiene que el contrato fue simulado y que los fondos se utilizaron para la compra de vehículos de alta gama y la constitución de un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda.

La causa también involucra a Mariano Cosentino, contador de Espert, y a la empresa Varianza SA, propiedad de Espert y su esposa. Los bienes de los imputados permanecen embargados desde 2025, medida confirmada por la Cámara Federal de San Martín.

La denuncia fue presentada en 2023 por el dirigente social Juan Grabois, en plena campaña legislativa, lo que llevó a Espert a renunciar a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza. El caso generó repercusiones políticas, incluyendo allanamientos en la casa y despacho de Espert y declaraciones públicas de apoyo por parte del presidente Javier Milei, quien calificó la investigación como una "operación mediática infame".

Por su parte, la defensa de Espert argumenta que el contrato no se ejecutó debido a las restricciones de la pandemia y niega la existencia de delito. Sin embargo, el fiscal Domínguez sostiene que Espert no puede alegar desconocimiento sobre el origen de los fondos. En paralelo, Machado fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de lavado de activos y fraude, evitando así enfrentar cargos por narcotráfico.

El caso se inscribe en un contexto más amplio de investigaciones sobre financiamiento político y lavado de dinero en Argentina, y podría tener implicancias futuras para el control de aportes y la transparencia en campañas electorales.