Una fuerte disputa interna sacudió al oficialismo argentino tras la sesión especial en el Senado que permitió la aprobación de proyectos clave rechazados por el Gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, exigió públicamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel que frenara el debate, acusándola de ser "cómplice del kirchnerismo destructor". El presidente Javier Milei respaldó a Bullrich y, más tarde, calificó a Villarruel de "traidora" durante un acto público.

La controversia se desató cuando la oposición, con el apoyo de senadores de la UCR y bloques provinciales, logró reunir quórum para tratar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, además de iniciativas que afectan la distribución de fondos a las provincias. El oficialismo consideró la sesión como "inválida" y un "golpe institucional" por su impacto fiscal.

Villarruel respondió a las acusaciones defendiendo su rol institucional y la autonomía del Senado. "Me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente", afirmó. También recordó el pasado político de Bullrich y subrayó que "el Senado es la casa de las provincias" y que su función es presidir las sesiones, independientemente del temario.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó bajar el tono a la interna, justificando la posición de Villarruel y calificando su rol como "una posición institucional muy compleja". Sin embargo, adelantó que el Gobierno judicializará las leyes aprobadas y vetará los proyectos si es necesario.

El episodio profundiza las tensiones dentro del oficialismo y pone en evidencia las diferencias sobre el manejo institucional y la estrategia política frente a la oposición. El desenlace de la disputa podría tener implicancias en la gobernabilidad y en la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en un contexto de alta sensibilidad política y económica.