A un año del escándalo por la criptomoneda $LIBRA, la investigación judicial en Argentina avanza a paso lento y sin procesados, mientras persisten las dudas sobre el rol del presidente Javier Milei y el destino de millones de dólares. El 14 de febrero de 2025, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando la moneda digital, lo que provocó una suba vertiginosa de su cotización y una posterior caída abrupta que dejó a miles de inversores afectados.

Según la investigación, más de 44.000 personas adquirieron $LIBRA en distintos países, con al menos 1.329 damnificados en Argentina. El tuit presidencial incluyó un código exclusivo para la compra, lo que generó sospechas de información privilegiada y motivó la apertura de causas judiciales por presunta estafa y asociación ilícita. La Justicia, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, detectó transferencias millonarias entre los principales involucrados, entre ellos el empresario estadounidense Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, presuntos nexos con el entorno presidencial.

A pesar de las pruebas reunidas y las medidas patrimoniales dictadas, la causa no registra procesados ni indagatorias. La Cámara Federal porteña exhortó a acelerar la instrucción, mientras la querella, representada por Martín Romeo, denuncia la falta de avances y exige definiciones. "La trazabilidad del dinero está probada y documentada en el expediente", afirmó Romeo, quien acusa a Milei de mentir sobre su desvinculación del caso.

El Gobierno sostiene que el presidente actuó como ciudadano y no como jefe de Estado, aunque utilizó su cuenta oficial para la promoción. En paralelo, una comisión investigadora del Congreso concluyó que existió una colaboración imprescindible de Milei en la difusión del token y recomendó evaluar un eventual juicio político. El escándalo también motivó una demanda colectiva en Estados Unidos por promoción engañosa.

Mientras tanto, el expediente judicial permanece estancado, sin citaciones a testigos ni imputados, y el destino de los fondos recaudados sigue sin esclarecerse. El caso $LIBRA se suma a una serie de proyectos cripto fallidos vinculados al entorno presidencial, alimentando el debate sobre la transparencia y la responsabilidad institucional en el manejo de activos digitales.