El traslado de 19 represores condenados por delitos de lesa humanidad desde el penal de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo ha desatado una fuerte polémica en Argentina. Entre los trasladados se encuentran figuras emblemáticas como Alfredo Astiz y Carlos Suárez Mason, quienes fueron reubicados debido a reformas en la cárcel de Ezeiza, que será destinada a mujeres y detenidos de alto perfil relacionados con narcocriminalidad.

La medida, ejecutada por el Servicio Penitenciario Federal bajo la dirección de Julián Curi y la supervisión de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ha sido duramente criticada por organismos de derechos humanos. La organización HIJOS Capital expresó su rechazo, afirmando que el gobierno actual "beneficia a genocidas" al trasladarlos a una cárcel que consideran de privilegio. Según denuncias, la Unidad 34 de Campo de Mayo ofrece actividades recreativas como tenis y talleres, lo que ha sido calificado como condiciones privilegiadas.

Desde el gobierno, sin embargo, se defendió la decisión argumentando que la Unidad 34 no es una cárcel VIP y que las condiciones de detención son similares a las de gestiones anteriores. "No van a una cárcel VIP, van al mismo lugar que el kirchnerismo envió a otros militares peligrosos", señalaron fuentes oficiales.

El traslado también incluyó a otros presos de alto perfil, como el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y el exfiscal Juan Carlos César Castro. La Unidad 34, construida en 2007 durante el gobierno de Cristina Kirchner, fue originalmente destinada a represores y ha sido objeto de ampliaciones y reformas a lo largo de los años.

El contexto político añade complejidad al tema. En 2024, diputados de La Libertad Avanza visitaron a represores en Ezeiza, generando controversia y acusaciones de buscar beneficios penitenciarios para los condenados. Este antecedente ha alimentado las críticas hacia el traslado actual.

En el ámbito castrense, el traslado fue comunicado rápidamente, destacando que los detenidos fueron alojados en habitaciones individuales. Sin embargo, la opinión pública permanece dividida. Mientras algunos consideran que el traslado responde a necesidades logísticas, otros lo ven como un acto que otorga privilegios indebidos a los represores.

El debate sobre las condiciones de detención de los condenados por delitos de lesa humanidad continúa siendo un tema sensible en Argentina, reflejando las tensiones históricas y políticas que aún persisten en el país.