A partir del 1° de mayo, los usuarios de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentarán un nuevo aumento del 5,4% en las tarifas, como resultado de la aplicación de la fórmula automática que combina la inflación de marzo, informada por el INDEC en 3,4%, más un adicional del 2%. De esta manera, el boleto mínimo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pasará a costar $753,86, mientras que en la provincia de Buenos Aires (PBA) alcanzará los $918,35 para quienes utilicen la tarjeta SUBE registrada.

Este incremento se suma a una serie de ajustes mensuales implementados desde comienzos de 2026, que han llevado a un alza acumulada del 27,01% en CABA y del 39,47% en PBA, cifras que superan ampliamente la inflación acumulada del primer trimestre, situada en 9,4%. Además, el subte porteño también sufrirá un aumento, llegando a $1.490,36 por viaje.

El ajuste tarifario responde a la necesidad de equilibrar los costos operativos y reducir el monto de subsidios estatales, en un contexto de tensión entre las empresas de transporte y las autoridades. En las últimas semanas, la falta de fondos provocó una reducción de frecuencias, generando malestar entre los usuarios. "Ya ni siquiera podés utilizar las aplicaciones porque te dan una información que no es precisa. Los pasajeros estamos desamparados", expresó Alejandro, usuario frecuente de colectivos en La Plata. Tras la transferencia de fondos por parte del Gobierno, el servicio comenzó a normalizarse, aunque persisten reclamos por demoras y recortes en beneficios como el Boleto Estudiantil.

Las autoridades han advertido sobre posibles sanciones a las empresas que no cumplan con las frecuencias establecidas, aunque hasta el momento no se han implementado medidas concretas. Por su parte, las cámaras empresariales insisten en la necesidad de recalcular los subsidios y actualizar las estructuras de costos para garantizar la sustentabilidad del sistema.

El aumento de tarifas se produce en un escenario de alta presión inflacionaria sobre el rubro transporte, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo de los usuarios y plantea interrogantes sobre la evolución futura del sistema y la capacidad de respuesta de las autoridades ante los desafíos financieros y operativos.