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18 de febrero de 2026
Politica
Rawson

La Oficina Anticorrupción tardó dos meses en abrir un mail y quedó fuera de una causa

- La causa por corrupción en reparaciones escolares en Chubut se retrasa por planteo de competencia judicial y ausencia de la Oficina Anticorrupción. - Nueve imputados y un perjuicio estimado de $20 millones. - El caso surgió tras intoxicación en una escuela de El Maitén.

La Oficina Anticorrupción tardó dos meses en abrir un mail y quedó fuera de una causa

La causa judicial por presuntas irregularidades en la contratación de empresas para la reparación de escuelas en Chubut sufrió un nuevo retraso este miércoles, luego de que la defensa de uno de los imputados planteara la incompetencia de la justicia provincial. El caso, que se originó tras una intoxicación por monóxido de carbono en la Escuela 93 de El Maitén, involucra a nueve personas, entre ellas dos contratistas y siete exfuncionarios de los ministerios de Educación e Infraestructura.

Durante la audiencia preliminar en Rawson, la jueza Karina Breckle otorgó un plazo de 20 días hábiles al Ministerio Público Fiscal para que responda al planteo de la defensa, que argumenta que los fondos para las obras provinieron de la Nación y, por lo tanto, la causa debería ser competencia de la Justicia Federal. El fiscal Omar Rodríguez calificó la presentación como “sorpresiva”, dado que la investigación lleva dos años en curso.

En paralelo, la Oficina Anticorrupción de Chubut, dirigida por Diego Carmona, fue excluida como querellante en la causa tras no presentarse a la audiencia ni responder a la notificación enviada en diciembre. Esta ausencia impide que el organismo solicite medidas, proponga testigos o acuse a los sospechosos, limitando su participación en un caso que forma parte de su competencia específica.

La investigación, impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, apunta a un presunto sistema de simulación de compulsas de precios y acuerdos previos para adjudicar obras públicas en establecimientos educativos. El perjuicio estimado para la administración pública ronda los 20 millones de pesos.

El caso ha generado preocupación por la transparencia en la gestión de fondos públicos y la seguridad en las escuelas, especialmente tras el incidente que puso en riesgo la salud de alumnos y docentes. El proceso judicial continuará una vez que se resuelva la cuestión de competencia, mientras persisten las críticas por la falta de respuesta de la Oficina Anticorrupción y la demora en el avance de la causa.

Fuentes

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