El próximo miércoles 13 de agosto vence el plazo judicial para que los condenados en la causa Vialidad, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, restituyan al Estado más de $685.000 millones en concepto de reparación por delitos de corrupción. Hasta el momento, ninguna de las personas involucradas ha realizado el depósito en la cuenta especial habilitada por el Tribunal Oral Federal 2 en el Banco Nación, lo que abre la puerta a la ejecución de bienes embargados y su posible subasta pública.

La causa Vialidad, resuelta en diciembre de 2022, determinó que durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se direccionaron contratos de obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, generando un perjuicio millonario al Estado. El monto exigido fue actualizado este año por la Corte Suprema, mientras que la defensa de Kirchner sostiene que la cifra real es mucho menor y denuncia vulneración de derechos alimentarios tras la baja de su jubilación y pensión.

El tribunal, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, advirtió que, de no concretarse el pago, se avanzará con la ejecución de los bienes embargados, entre los que figuran propiedades en Buenos Aires y el sur del país, cuentas bancarias y vehículos. La situación se complica por la cesión de bienes de la expresidenta a sus hijos y los embargos cruzados con otras causas judiciales, como Hotesur-Los Sauces.

Una reciente acordada de la Corte Suprema introduce la posibilidad de que algunos inmuebles decomisados sean destinados a uso institucional, ya sea para el propio tribunal, el Consejo de la Magistratura o programas sociales. Esto podría retrasar la venta inmediata de los bienes y abrir nuevas instancias de litigio sobre la prioridad de embargos y la legalidad de la herencia anticipada.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sostienen que la causa Vialidad tiene prioridad para ejecutar la subasta de bienes, mientras que la defensa de Kirchner denuncia parcialidad judicial y vulneración de garantías constitucionales. El proceso judicial continúa generando debate sobre la recuperación de activos y el destino de los bienes públicos, en un contexto de alta tensión política y social.