Demián Reidel presentó su renuncia a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) en medio de un escándalo por presuntos sobreprecios en contratos de limpieza y software, que generaron una crisis interna en la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La salida de Reidel, quien había sido designado menos de un año antes y era considerado un hombre de confianza del presidente Javier Milei, fue precedida por la suspensión de gerentes de su entorno y la pérdida de respaldo político, incluso de figuras clave como Karina Milei y Santiago Caputo.

El detonante de la crisis fue la detección de incrementos de hasta 140% en los valores de referencia de contratos de limpieza y de más de 1000% en la contratación de software. Las sospechas de corrupción y la presión para aprobar estos contratos generaron un quiebre en la conducción de la empresa, con enfrentamientos entre la dirección y los técnicos nucleares, quienes defendieron la "cultura de la seguridad" y recibieron el apoyo de la World Association of Nuclear Operators (WANO), que emitió advertencias sobre la gestión.

La renuncia de Reidel se produce en un contexto de cambios profundos en el sector nuclear argentino. El Gobierno impulsa la privatización parcial de NA-SA, con la venta de hasta el 44% de las acciones, y designó a Juan Martín Campos como nuevo presidente de la compañía. Además, se creó la Secretaría de Asuntos Nucleares, a cargo de Federico Ramos Napoli, con el objetivo de modernizar la gestión y reactivar la minería de uranio.

El Plan Nuclear Argentino, presentado en 2024 con grandes anuncios sobre la construcción de reactores modulares y la creación de un hub de inteligencia artificial en la Patagonia, no mostró avances concretos y enfrenta críticas por la falta de ejecución y financiamiento. Expertos y técnicos advierten sobre la paralización de proyectos clave, como el reactor CAREM, y la dificultad de atraer inversores para la privatización.

El futuro del sector nuclear argentino permanece incierto, con desafíos en la continuidad de proyectos estratégicos, la seguridad operativa y la búsqueda de un equilibrio entre la participación estatal y la apertura al capital privado.