El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció el pago de un bono extraordinario de $3,1 millones para empleados públicos provinciales y municipales, en un contexto de creciente tensión entre las provincias y el Gobierno nacional por la distribución de fondos. El esquema, comunicado a través de redes sociales y ratificado en reuniones con la Mesa de Diálogo y Trabajo, contempla un "bono aguinaldo" de $1.000.000, a pagarse en dos cuotas en julio y agosto, y un "bono de fin de año" de $2.100.000, que se abonará en tres cuotas de $700.000 en octubre, noviembre y diciembre.

El beneficio alcanzará tanto a empleados provinciales como a municipales con nómina bancarizada, siempre que los intendentes decidan adherir a la medida. En caso de que los municipios no cuenten con recursos inmediatos, la provincia se compromete a financiar los montos correspondientes. Las sumas estarán exentas de cualquier tipo de descuento, lo que, según el vicegobernador Carlos Silva Nederm, "beneficia de manera directa y completa a los trabajadores".

El anuncio se produce en medio de una fuerte disputa entre los gobernadores y la administración nacional por la coparticipación y la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El Senado aprobó recientemente un proyecto para que estos fondos se distribuyan de manera automática entre Nación y provincias, pero el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtieron que vetarán cualquier iniciativa que afecte el equilibrio fiscal.

Desde la oposición provincial, Tomás Figueroa, presidente de Libertad Avanza en Santiago del Estero, cuestionó el impacto real del bono, señalando que "los salarios en la administración pública continúan siendo de los más bajos del país" y que el bono solo permite a los empleados públicos "ponerse al día con los atrasos de las deudas o las tarjetas de crédito". Además, advirtió que el bono no se incorpora a la base remunerativa permanente, lo que limita su impacto en los aportes jubilatorios.

Santiago del Estero presenta una alta dependencia del empleo público, con un 48% de la población trabajando en la administración estatal y una economía con escasa industrialización. El debate sobre la distribución de fondos federales y la sostenibilidad de este tipo de medidas sigue abierto, en un año marcado por elecciones provinciales y nacionales, y por la incertidumbre sobre el futuro de la relación fiscal entre Nación y provincias.