El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó este lunes un decreto que obliga a garantizar servicios mínimos en el transporte público y la recolección de residuos durante paros sindicales. La medida, firmada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, establece que los subtes y colectivos deberán funcionar al menos al 50% y la recolección de residuos al 75% de su capacidad habitual en caso de huelga.

La decisión se enmarca en la Ley de Modernización Laboral y busca evitar la paralización total de servicios considerados esenciales o de importancia trascendental para el funcionamiento de la ciudad. "Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios. Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad", expresó Macri al anunciar la medida.

El decreto instruye a las empresas y organismos responsables a diseñar los esquemas operativos necesarios para cumplir con los porcentajes mínimos de funcionamiento. Además, la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de la normativa y de convocar a las partes involucradas en caso de conflicto.

La reacción sindical no se hizo esperar. Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, cuestionó duramente la medida y advirtió: "Si tiene huevos, que nos vengan a buscar". Moyano anticipó que, ante despidos o incumplimientos salariales, podrían paralizar la recolección de residuos en toda la ciudad. Otros gremios del transporte, como los metrodelegados, también manifestaron su rechazo y anticipan posibles acciones legales o nuevas medidas de fuerza.

La normativa endurece las sanciones ante bloqueos y exige que los sindicatos comuniquen con cinco días de anticipación cualquier medida de fuerza, además de acordar previamente los esquemas de funcionamiento mínimo. Si no hay consenso, la autoridad de aplicación podrá definir unilateralmente cómo se garantizarán los servicios afectados.

Esta decisión marca un precedente en la aplicación concreta de la reforma laboral impulsada a nivel nacional y anticipa un nuevo escenario de tensión entre el gobierno porteño y los sindicatos. El debate sobre los límites del derecho a huelga y la prestación de servicios esenciales promete continuar en los próximos meses, con posibles impugnaciones judiciales y repercusiones en otros distritos del país.