La cooperativa CALF interrumpió el suministro eléctrico al Batallón de Ingenieros de Montaña 6 del Ejército Argentino en Neuquén, tras una deuda acumulada que supera los 60 millones de pesos y afecta a la mayoría de las instalaciones militares en la ciudad. El corte, que se concretó luego de múltiples intimaciones y negociaciones fallidas, expone la magnitud de la crisis presupuestaria que atraviesan organismos estatales.

Según confirmaron fuentes de la cooperativa y del propio Ejército, la deuda se arrastra desde marzo y afecta a 10 de los 13 puntos de suministro eléctrico que la fuerza tiene en la capital neuquina. "No se trata de un usuario privado ni de una empresa con dificultades financieras propias, sino de una institución estratégica del Estado", señalaron desde CALF, justificando la medida tras meses de tolerancia y diálogo infructuoso.

El servicio fue restablecido por 48 horas luego de que el Ejército se comprometiera a regularizar la situación, aunque hasta el momento no se ha saldado el monto adeudado. Desde la fuerza, explicaron que solo manejan efectivo para gastos corrientes, modalidad que la cooperativa no acepta, lo que complicó aún más la resolución del conflicto. "La falta de pago acumulada en varias bocas del mismo usuario y la falta de respuesta a las múltiples intimaciones que fueron enviadas" motivaron la decisión, indicaron desde CALF.

El Batallón de Ingenieros de Montaña 6, afectado por el corte, es una de las unidades más importantes de la región y cumple funciones clave en el mantenimiento y apoyo logístico en la Patagonia. La situación generó preocupación en el ámbito militar, donde fuentes consultadas describieron el episodio como una muestra del "abandono" institucional y la crisis que atraviesa el sector público.

El conflicto podría agravarse si no se regulariza el pago en el plazo otorgado, ya que la cooperativa advirtió que podría volver a interrumpir el servicio con menor margen de tolerancia. El caso refleja una problemática más amplia de restricciones presupuestarias que afecta a organismos nacionales y empresas públicas, en un contexto de ajuste y crisis institucional.