El Tribunal Oral en lo Criminal 4 de Lomas de Zamora condenó a 50 años de prisión a Ezequiel Francisco Fernández, un hombre de 39 años, por abusar sexualmente de cinco menores de entre 11 y 14 años en las localidades bonaerenses de Villa Rita y Llavallol, entre 2020 y 2025. La sentencia, dictada por los jueces Lucía Cupertino, Sebastián De Césare y Darío Segundo, representa la pena máxima prevista por el Código Penal argentino para este tipo de delitos y fue recibida con alivio por los familiares de las víctimas.

Fernández, declarado reincidente por una condena previa en 2018 por delitos similares en la Ciudad de Buenos Aires, fue hallado culpable de abuso sexual gravemente ultrajante, exhibiciones obscenas y corrupción agravada. Según la investigación, las víctimas eran amigos de un niño que convivía con el acusado y un familiar, y eran atraídos a la vivienda mediante la oferta de comida, celulares y acceso a internet. Una vez allí, Fernández cometía los abusos y obligaba a los menores a ver videos inapropiados.

El tribunal también ordenó investigar si Fernández produjo material audiovisual de los abusos, ya que las víctimas declararon haber sido filmadas, y dispuso iniciar una causa para determinar la posible participación o encubrimiento de la madre de dos de los menores. La defensa del acusado solicitó la absolución o, en su defecto, una condena menor, argumentando la inconstitucionalidad de una pena tan extensa, pero el tribunal priorizó la protección de la niñez y la seguridad de la comunidad.

El caso reavivó el debate público sobre la eficacia de los sistemas de reinserción y el control de reincidentes en Argentina. Sectores políticos y organizaciones civiles cuestionaron los protocolos de seguimiento post-penitenciario y reclamaron reformas legales, como el registro obligatorio y geolocalizado de agresores sexuales. El fallo es considerado un hito judicial y podría marcar un cambio en la jurisprudencia argentina respecto al tratamiento de la reincidencia en delitos sexuales, en un contexto de creciente preocupación social por la protección de la infancia.