El gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma laboral que propone la derogación de estatutos laborales históricos y recortes significativos en el financiamiento cultural, generando un fuerte debate en la sociedad argentina. La iniciativa, que ingresó al Senado y que el Ejecutivo pretende aprobar antes de fin de año, plantea cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y elimina regímenes especiales para periodistas, peluqueros y viajantes de comercio, entre otros.

El proyecto deroga el Estatuto del Periodista, vigente desde 1946, que regulaba condiciones laborales, derechos y garantías para los trabajadores de prensa. También se eliminan normativas que protegían a peluqueros y viajantes, afectando escalafones, remuneraciones y descansos específicos. "La contrarreforma laboral busca borrar un siglo de derechos", advirtieron en un comunicado conjunto el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), quienes consideran que la medida representa una regresión en materia de derechos laborales y libertad de expresión.

Además, la reforma incluye la eliminación de gravámenes que financiaban al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y otros organismos culturales. De aprobarse, el INCAA perdería su autarquía y dependería de las partidas anuales del Ministerio de Economía, lo que pone en riesgo la producción cinematográfica nacional. "Esta decisión afectaría no solo al Fondo de Fomento Cinematográfico, sino también a RTA, el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música y proyectos audiovisuales comunitarios", advierten especialistas del sector.

Desde el gobierno, se argumenta que la reforma busca modernizar y flexibilizar el mercado laboral, eliminando regulaciones consideradas obsoletas. Sin embargo, sindicatos y organizaciones culturales han lanzado campañas de rechazo y preparan acciones parlamentarias, judiciales y gremiales para frenar lo que denominan una "contrarreforma". María Ana Mandakovic, secretaria general de Cispren, sostuvo que "derogar esta ley atenta directamente a la libertad de expresión y el acceso a las fuentes informativas".

El debate sobre la reforma laboral y cultural se da en un contexto de ajuste y desregulación impulsado por el gobierno, con consecuencias que podrían redefinir el panorama laboral y cultural argentino en los próximos años.